La sesión estuvo presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y dirigida por el vicepresidente Nguyen Hong Dien.

Los diputados coincidieron en que la reforma es fundamental no solo para resolver los problemas inmediatos, sino también para establecer un marco jurídico estable y transparente que permita corregir deficiencias estructurales en la gestión y el uso de la tierra, movilizar recursos para el desarrollo y conciliar los intereses del Estado, la población y las empresas.

Le Huu Tri, diputado por la provincia central de Khanh Hoa, propuso: “Propongo un cambio decidido: pasar de una mentalidad de gestión administrativa a otra de gobernanza orientada a impulsar el desarrollo, profundizar la reforma de los procedimientos, digitalizar los datos sobre la tierra, hacer pública la información y reforzar la rendición de cuentas. La Ley de Tierras debe garantizar la disciplina del Estado, liberar recursos para el desarrollo y proteger los derechos e intereses legítimos de la población. No debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo ni trasladar los costes de cumplimiento normativo a los ciudadanos y las empresas. La descentralización de competencias a las administraciones locales de dos niveles es necesaria, pero debe ir acompañada de una definición clara de las atribuciones, de las condiciones para modificar los planes de ordenación y de los mecanismos de inspección y supervisión, a fin de evitar que prevalezcan intereses particulares o sectoriales”.

En relación con las indemnizaciones, las ayudas y el reasentamiento cuando el Estado recupera terrenos, los diputados subrayaron que se trata de una cuestión que afecta directamente a la vida de millones de personas y que también ha generado numerosas reclamaciones y litigios prolongados.

Nguyen Ngoc Son, diputado por la ciudad portuaria de Hai Phong, señaló: “Estoy de acuerdo con un cambio de enfoque: pasar de indemnizar por el valor del suelo recuperado a garantizar la estabilidad y la mejora de las condiciones de vida de la población tras la requisa de los terrenos. Los planes de indemnización, asistencia y reasentamiento deben basarse en una evaluación de las posibilidades de recuperar los medios de vida, las condiciones de vivienda y el acceso a los servicios esenciales. Asimismo, deben prever el seguimiento y la evaluación de las condiciones de vida de la población después del reasentamiento. En cuanto al mecanismo de valoración del suelo, respaldo la propuesta de que el Estado establezca los precios, mientras que las autoridades locales determinen las tablas de precios y los coeficientes de ajuste conforme a los principios y criterios fijados por las autoridades centrales. Este cambio puede acortar los plazos para determinar los precios del suelo, reducir los costes de cumplimiento normativo y acelerar la ejecución de los proyectos”.

Por último, los diputados se mostraron en general de acuerdo con ampliar los supuestos en los que el Estado puede recuperar terrenos para proyectos de desarrollo socioeconómico por motivos de defensa nacional o de interés público, para agilizar su ejecución y aprovechar mejor los recursos del suelo.