En una declaración conjunta, Filipinas, Australia, Canadá, Estonia, Alemania, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Rumanía, Eslovenia, el Reino Unido y Estados Unidos reiteraron su compromiso con "un Indo-Pacífico libre y abierto, pacífico, estable y basado en normas".

Los firmantes subrayaron que el fallo emitido el 12 de julio de 2016 por el tribunal arbitral constituido en virtud del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) sigue siendo "final, jurídicamente vinculante y definitivo entre China y Filipinas" en relación con los derechos y las reclamaciones marítimas objeto del caso.

La declaración destacó que las controversias marítimas deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con la CNUDM, al tiempo que reafirmó la importancia de salvaguardar la libertad de navegación y de sobrevuelo, así como otros usos del mar reconocidos por el derecho internacional.

Los 14 países expresaron además su firme oposición a "cualquier acción unilateral o desestabilizadora, incluido el uso de la fuerza o la coacción, que amenace la paz y la estabilidad en la región".

Asimismo, rechazaron el empleo de buques de la guardia costera, fuerzas militares o milicias marítimas "para hostigar, obstaculizar o intimidar las operaciones legítimas de otros Estados en el mar o en el aire", al considerar que tales acciones ponen en riesgo al personal y a los pescadores, además de socavar la paz y la seguridad regionales.

Los signatarios instaron a las partes implicadas a acatar el laudo arbitral de 2016 y a resolver las disputas mediante el diálogo y otros mecanismos legales, de conformidad con el derecho internacional.

Por último, reiteraron su respaldo a la visión de la ASEAN de un Mar del Este como "un mar de paz, estabilidad, cooperación y prosperidad, sustentado por un comercio lícito y dinámico".