El 20 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución histórica sobre justicia climática. Paralelamente, un informe publicado un día después por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que las naciones desarrolladas mantienen su compromiso y liderazgo en la financiación climática.

Una resolución histórica

Con 141 votos a favor y 8 en contra, la AGNU aprobó la referida resolución, la cual reafirma la obligación de los Estados de cumplir sus compromisos climáticos bajo el marco del derecho internacional. El documento, promovido por Vanuatu, busca acelerar la implementación de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2025. Ese dictamen establece que los países que incumplan sus compromisos podrían ser considerados infractores del derecho internacional y, por ende, deberían indemnizar a las naciones afectadas.

La resolución de la ONU acoge esta opinión de la CIJ como una base fundamental para clarificar la normativa vigente e insta a los países a cumplir con su deber de proteger el clima y a limitar los efectos del calentamiento global. Asimismo, subraya la necesidad vital de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados. En este sentido, reitera la urgencia de abandonar gradualmente los combustibles fósiles del sistema energético, en consonancia con el objetivo acordado en 2023 por casi 200 países durante la 28.º Conferencia de las Partes de la ONU sobre el Clima (COP28), celebrada en los Emiratos Árabes Unidos.

Pese a la oposición de países clave, incluidos Estados Unidos, la aprobación de esta resolución representa un avance significativo en la promoción de la justicia climática. Si bien la opinión consultiva de la CIJ y la resolución de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, los expertos coinciden en que marcan un cambio de perspectiva decisivo. De esta manera, la lucha contra el cambio climático deja de ser una “opción política” para convertirse en una “obligación jurídica” bajo el derecho internacional.

Para el secretario general de la ONU, António Guterres, este paso es particularmente relevante para regiones que, como África, han padecido durante años las consecuencias de la injusticia climática. Guterres añadió: “África debe ocupar un lugar central en la lucha por la justicia climática. El continente posee el 60% del potencial mundial de energía solar, pero apenas recibe el 2% de la inversión global en energías limpias. Con el respaldo financiero adecuado, África tiene la capacidad de generar hasta diez veces más electricidad para 2040, utilizando exclusivamente fuentes renovables”.

Según los observadores, el próximo desafío de las agencias de la ONU radica en traducir esta resolución en compromisos más firmes y jurídicamente vinculantes. Un paso crucial en este sentido es la creación acelerada de un Registro Internacional de Daños. Esta herramienta permitiría documentar con precisión los estragos causados por el cambio climático, estableciendo una base técnica para cuantificar las pérdidas e identificar qué países son legalmente responsables de las indemnizaciones.

Avances limitados de la financiación climática

Mientras tanto, el informe de la OCDE publicado el 21 de mayo también aporta una lectura positiva. Según este organismo, las naciones ricas han superado el objetivo de proporcionar 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para la adaptación al cambio climático, y han logrado mantener este nivel durante tres años consecutivos.

Los datos respaldan este compromiso: tras aportar 115.900 millones de dólares en 2022, las contribuciones se elevaron a 132.800 millones en 2023, para luego llegar a los 136.700 millones de dólares en 2024. Si bien las cifras consolidadas en 2025, año clave para este compromiso, no se conocerán hasta 2027, el cumplimiento constante hasta la fecha es un indicador alentador.

Este desempeño se considera un logro notable, especialmente ante el complejo panorama económico global y la inestabilidad geopolítica que enfrentan muchas economías avanzadas. Como señaló anteriormente Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los avances en la financiación climática demuestran que, a pesar de los múltiples desafíos, la voluntad de avanzar en la transición global se mantiene firme. Stiell puntualizó: “La financiación es el motor fundamental de la acción climática; es lo que permite transformar los planes en progreso y las ambiciones en realidad. Desde la histórica Conferencia de París de 2015, se han logrado avances significativos; los flujos de capital público y privado han crecido y nuevas alianzas han permitido inyectar miles de millones de dólares en proyectos de energías limpias y transiciones energéticas justas en todo el mundo”.

No obstante, los expertos advierten que las cifras actuales siguen estando lejos de los objetivos planteados. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Azerbaiyán en 2024, las naciones desarrolladas establecieron una nueva meta: aportar 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Paralelamente, se fijó un objetivo aún más ambicioso: movilizar un total de un billón 300 mil millones de dólares anuales provenientes de fuentes mixtas, públicas y privadas.

Alcanzar esta meta representa un desafío mayúsculo para la comunidad internacional. Según la OCDE, la diplomacia climática global atraviesa un momento crítico. El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el año pasado, con su consiguiente retirada de los compromisos climáticos y los drásticos recortes en la ayuda exterior, ha afectado significativamente la capacidad de movilización de fondos. A esto se suman las presiones presupuestarias en la Unión Europea, debilitada por un crecimiento económico lento y las consecuencias directas del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ante este escenario, se ha propuesto una redefinición de los aportantes, con la ampliación del grupo de países contribuyentes. Se sugiere que economías que han experimentado un crecimiento notable, como China y Arabia Saudita, asuman su responsabilidad financiera. Asimismo, se hace un llamamiento urgente a que el sector privado desempeñe un papel protagónico, convirtiéndose en un pilar esencial para cerrar la brecha de inversión climática necesaria.