Según este órgano judicial, la administración Trump hizo un uso indebido de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, concebida para hacer frente a crisis cambiarias de corto plazo y no para abordar un déficit comercial ordinario.

Después de que la Corte Suprema rechazara en febrero los gravámenes globales aplicados al amparo de poderes de emergencia, Trump recurrió rápidamente a dicha disposición legal para imponer tarifas del 10 %, que entraron en vigor el 24 de febrero, y anunció que podrían elevarse hasta el 15 %.

Por su parte, los demandantes, entre ellos 24 estados y numerosas pequeñas empresas, sostuvieron que la Casa Blanca abusó de la legislación para imponer nuevos gravámenes tras perder un caso anterior ante la Corte Suprema.

La decisión judicial supone un duro revés para la estrategia comercial de línea dura impulsada por Trump durante su segundo mandato. Se espera que la administración estadounidense recurra el fallo.