La sanción récord prolonga la estrategia que la UE ha impulsado durante los últimos años para reforzar el control sobre las actividades de las grandes empresas tecnológicas extranjeras (Big Tech), especialmente las de Estados Unidos y China, ante la creciente preocupación por la seguridad, la protección de los datos y la soberanía tecnológica.

Refuerzo del control

En el comunicado que acompaña la sanción, la CE argumentó que Google abusó de su posición dominante al favorecer sus propios servicios en detrimento de la competencia. Se trata de la mayor multa impuesta por la UE en aplicación de la DMA desde la entrada en vigor de esta normativa en 2024.

Según la CE, unos 538 millones de dólares corresponden al trato preferencial otorgado por Google a sus propios servicios, como Google Flights y Google Hotels, en los resultados de búsqueda, una práctica que situó a sus competidores en una situación de desventaja. Los aproximadamente 503 millones de dólares restantes se deben a que la compañía impidió que los desarrolladores de aplicaciones informaran gratuitamente a los usuarios sobre ofertas o métodos de pago externos a Google Play entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

La vicepresidenta ejecutiva de la CE para Competencia, Teresa Ribera, afirmó que la medida pretende garantizar una competencia leal, de manera que los mejores productos se impongan por su calidad y no por la posición dominante de una plataforma. A su juicio, los consumidores europeos tienen derecho a acceder a las mejores opciones y a los precios más competitivos.

La institución también rechazó las acusaciones de Google de haber recibido un "trato discriminatorio". Antes de imponer la multa, precisó que mantuvo cerca de 90 reuniones con la empresa a lo largo de la investigación, lo que permitió reunir pruebas sólidas.

El portavoz de la CE, Thomas Regnier, declaró: “Respecto a las afirmaciones de Google de que nuestras decisiones reducen la calidad de los productos o dificultan que las empresas estadounidenses innoven y desarrollen su actividad en la Unión Europea, la realidad es precisamente la opuesta. Permítanme explicarlo. En la actualidad existen plataformas designadas como "guardianes de acceso" que obstaculizan la innovación en Europa e impiden que las empresas europeas compitan y desarrollen su capacidad innovadora en condiciones de verdadera igualdad. Por ello, las conclusiones adoptadas hoy exigen a Google el pleno cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, con el objetivo de garantizar un marco de competencia equitativo en el conjunto de la Unión Europea”.

La CE concedió a Google un plazo de 60 días para cumplir íntegramente las exigencias. En caso de incumplimiento, la empresa podría enfrentarse a nuevas sanciones económicas de carácter diario.

Este episodio constituye el capítulo más reciente del prolongado enfrentamiento entre la UE y las grandes empresas tecnológicas. Entre 2017 y 2019, Bruselas impuso a Google multas por un total aproximado de 9.600 millones de dólares en distintos procedimientos relacionados con la competencia. En 2025, la compañía también perdió el recurso presentado contra una sanción de unos 4.800 millones de dólares por abuso de posición dominante en relación con el sistema operativo Android.

Además de Google, otros gigantes tecnológicos, como Meta (Estados Unidos) y TikTok (China), han estado bajo el escrutinio de la CE durante los últimos años a través de diversas investigaciones relacionadas con la competencia leal, la protección de los datos personales y la seguridad de los menores en internet.

Los límites de las concesiones

La nueva multa incrementa la tensión en uno de los ámbitos donde las discrepancias entre la UE y Estados Unidos resultan más evidentes: el control de la tecnología. Mientras Bruselas considera que la DMA y la Ley de Servicios Digitales (DSA) constituyen instrumentos esenciales para proteger la soberanía tecnológica europea, la Administración estadounidense sostiene que ambas normativas pretenden debilitar a las grandes empresas tecnológicas del país en el mercado europeo.

Un día después de conocerse la sanción, el 24 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la UE "pagará un precio muy alto" por una actuación que calificó de "ilegal". El mandatario anunció el inicio inmediato de una investigación al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y expresó su intención de imponer "aranceles significativos" a la UE lo antes posible.

La postura de Trump cuenta con el respaldo de diversos sectores políticos y académicos estadounidenses. El experto Bill Reinsch, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, afirmó: “Si dejamos de lado expresiones como "es injusto" o "están haciendo trampas", las objeciones concretas planteadas por Trump respecto a la Unión Europea pueden resumirse en dos aspectos. En primer lugar, considera que la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) constituye, en la práctica, una forma de subvención. En segundo término, sostiene que la normativa europea sobre comercio digital discrimina a las empresas estadounidenses y, en este punto, creo que su planteamiento es acertado”.

La incógnita es ahora si la UE aceptará ceder ante las amenazas de represalias comerciales de Estados Unidos. Los analistas consideran poco probable esa posibilidad en lo que respecta a la DMA y la DSA, ya que ambas normativas representan el último dique de protección de la soberanía tecnológica europea en un contexto en el que el bloque mantiene un notable retraso tecnológico frente a Estados Unidos y China.

Al mismo tiempo, la opinión pública de numerosos países europeos muestra una preocupación creciente por el riesgo de que las grandes plataformas tecnológicas extranjeras puedan "asfixiar la libertad".

Ava Lee, directora ejecutiva de People vs Big Tech, una organización de la sociedad civil que combate el control ejercido por las grandes empresas tecnológicas en Europa, señaló: “Hemos comprobado que el Gobierno de Estados Unidos ha restringido el acceso de los ciudadanos europeos a algunos de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Precisamente por ello, hoy resulta más necesario que nunca que los dirigentes europeos mantengan una posición firme frente a Trump y sus aliados en las grandes empresas tecnológicas”.

Tras las declaraciones de Trump, responsables de la UE manifestaron su disposición a mantener un diálogo directo con Washington para rebajar la tensión, aunque reiteraron que el bloque europeo seguirá defendiendo su "autonomía" para elaborar y aplicar su propio marco regulador.