La mayoría de los diputados respaldaron los ajustes presentados en un informe del Gobierno, en el cual se aboga por eliminar pronto los obstáculos en la investigación y el enjuiciamiento de los casos corruptos.

También aportaron opiniones a las funciones de los mediadores en los juicios, los costos y los procedimientos de reconocimiento de los resultados de la conciliación y el diálogo en el tribunal.